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Amnistía Internacional

Líbano

Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003

Se detuvo a decenas de personas, en muchos casos de forma arbitraria; algunas fueron consideradas por Amnistía Internacional presos de conciencia. La mayoría quedaron en libertad al cabo de horas o días. Muchos de los detenidos eran activistas islámicos acusados de presuntos actos de “terrorismo” o individuos acusados de “colaboración” con Israel. Se juzgó a decenas de civiles ante tribunales militares cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales de justicia procesal. Aumentaron las restricciones a las actividades de los defensores de los derechos humanos y hubo limitaciones a la libertad de expresión, pero por lo general se toleró un alto grado de debate y de actividades sobre derechos humanos. Hubo informes de tortura y malos tratos a detenidos, pero no se tuvo noticia de que se investigara ningún caso. Al menos tres personas fueron condenadas a muerte; la suspensión de hecho de las ejecuciones, en vigor desde hacía cinco años, parecía amenazada al finalizar el año.


Información general

El primer ministro Rafiq al Hariri presentó en abril la dimisión de su gobierno al presidente. No obstante, continuó desempeñando su cargo y formó un nuevo gabinete con pocos cambios ministeriales.

La comisión de justicia del Parlamento propuso importantes reformas del Código Penal. Activistas de derechos humanos encabezaron una enérgica campaña contra ellas. En caso de aprobarse, podían ocasionar graves restricciones a la libertad de asociación y expresión y menoscabar aún más los derechos de las mujeres.

En la comunidad de organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos se entabló un amplio y vivo debate sobre cuestiones de libertades y derechos humanos. Los derechos de las mujeres y la violencia contra ellas fueron objeto de examen en los medios de comunicación y en varias reuniones de ámbito nacional y regional celebradas en el Líbano a lo largo del año. En octubre, el ministro de Justicia reiteró que el país cumpliría su compromiso de reformar la legislación interna para hacerla compatible con la Convención de la ONU sobre la Mujer, ratificada por el Líbano en 1996.

Durante el año, millares de soldados sirios desplegados en el Líbano fueron trasladados de posición o enviados de regreso a Siria. Los círculos políticos libaneses no reaccionaron de forma unánime a la Ley sobre la Restauración de la Soberanía del Líbano y la Rendición de Cuentas de Siria, aprobada en noviembre por el Congreso de Estados Unidos (véase el apartado sobre Siria). En noviembre, el general Michel Aoun, líder de la oposición en el exilio que había declarado ante el Congreso de Estados Unidos sobre el proyecto de ley, fue acusado por las autoridades libanesas de, entre otras cosas, perjudicar las relaciones con un Estado amigo (Siria).

Violenciacontralasmujeres

Los grupos de mujeres libaneses intensificaron sus campañas para combatir la violencia contra las mujeres, en especial los “homicidios en nombre del honor”, la violencia doméstica y las violaciones. Activistas de derechos humanos y grupos de mujeres expresaron su profunda preocupación por las propuestas de reforma del Código Penal. Temían que agravaran el sometimiento de las mujeres y perpetuaran una cultura de impunidad respecto de los crímenes cometidos en el seno de la familia, ya que las nuevas disposiciones seguirían permitiendo la reducción de las penas impuestas a los hombres y mujeres que perpetraran asesinatos “en nombre del honor” y a las mujeres que mataran a sus hijos nacidos fuera del matrimonio.

Juicios injustos ante tribunales militares

Los juicios ante tribunales militares siguieron sin cumplir las normas internacionales de justicia procesal.

  • El 6 de mayo, el Tribunal Militar condenó a tres años de cárcel con trabajos forzados a Muhammad Ramiz Sultan, Khaled ‘Umar Minawin y ‘Abdallah Muhammad al-Muhtadi, así como al ciudadano saudí Ihab Husayn Dafa, por delitos de “terrorismo” vagamente definidos, Según informes, Khaled ‘Umar Minawi había sido torturado en 2002, cuando se encontraba recluido en el centro de detención del Ministerio de Defensa en Al Yarze. No se tuvo noticia de que se investigara esta denuncia.
  • Se recibieron informes según los cuales el 20 de diciembre el Tribunal Militar había condenado a 20 años de prisión a Khaled ‘Ali y Muhammad Ka‘aki por planear atentados con explosivos contra objetivos estadounidenses y “occidentales” situados en el país. Se creía que los acusados eran dirigentes de una presunta organización “terrorista” sobre la que recaía la sospecha de haber planeado atentados contra restaurantes de comida rápida en el Líbano entre la segunda mitad de 2002 y abril de 2003. Otras dieciséis personas juzgadas en la misma causa fueron condenadas a entre 2 meses y 12 años de cárcel. Algunos de los imputados afirmaron ante el tribunal que tenían varias costillas rotas como consecuencia de las torturas a que habían sido sometidos; el tribunal no ordenó ninguna investigación. Se temía que todos hubiesen sido declarados culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura. Otros ocho fueron absueltos; todos ellos habían pasado ocho meses en prisión preventiva y, según informes, habían sufrido torturas.


Acoso a defensores de los derechos humanos

Muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos siguieron trabajando libremente, pero aumentó el acoso a los defensores de los derechos humanos en un intento de restringir su derecho a la libertad de expresión y asociación.

  • Muhammad al-Mugraby, abogado y defensor de los derechos humanos, fue detenido el 8 de agosto por “hacerse pasar por abogado” y estuvo recluido durante tres semanas en Beirut. Quedó en libertad bajo fianza el 29 de agosto. Había criticado a algunos sectores del poder judicial y del Colegio de Abogados de Beirut y había pedido la reforma de ambas instituciones. En enero, el Colegio de Abogados de Beirut lo había dado de baja in absentia. No obstante, la decisión sólo sería definitiva una vez resuelto un recurso de apelación presentado contra ella, que seguía pendiente al concluir el año.
  • El 10 de septiembre, los servicios de Seguridad General detuvieron de forma inesperada a Samira Trad, directora de Fronteras, organización de derechos humanos dedicada a los refugiados y los marginados del Líbano, y la interrogaron sobre el trabajo y la condición jurídica de la organización. Fue acusada de “menoscabar el honor y la integridad” de las autoridades libanesas, delito previsto en el artículo 386 del Código Penal, penado con hasta un año de cárcel. El director de los servicios de Seguridad General señaló a representantes de Amnistía Internacional que Samira Trad no había seguido los debidos procedimientos legales al notificar a las autoridades pertinentes la creación y las actividades de Fronteras.


Restricciones a la libertad de expresión

Continuó manteniéndose un animado y crítico debate en los medios de comunicación, pero se dieron algunos casos de limitación de la libertad de prensa y publicación.

  • Después de estar detenido durante siete horas, el catedrático de filosofía Adonis Akra se vio obligado a suspender la firma de ejemplares de sus memorias de la cárcel, acto organizado para el lanzamiento del libro. Se secuestraron varios centenares de ejemplares y las autoridades ordenaron el cierre de Dar al-Tali’ah, empresa editora del libro.
  • En diciembre, la policía militar detuvo durante un día a Tahsin Khayyat, propietario de la cadena privada de televisión NTV, por presuntos vínculos con Israel. Tahsin Khayyat quedó más tarde en libertad sin cargos. NTV, otros medios de comunicación y algunos políticos protestaron contra la detención, afirmando que era un intento de presionar a la cadena. Las transmisiones de NTV fueron prohibidas al menos una vez en 2003 por emitir, al parecer, un programa sobre las bases militares estadounidenses de Arabia Saudí.


Actualización

  • En abril, el Tribunal de Casación rechazó unos recursos presentados contra la orden de cierre de la cadena de televisión MTV, contraria al gobierno, y de su correspondiente emisora de radio, Radio Mont Liban, por la presunta emisión de publicidad electoral no autorizada. Esta decisión fue el desenlace de una batalla legal de ocho meses de duración sobre una presunta infracción del artículo 68 de la Ley de Elecciones Parlamentarias, que reveló importantes errores en los procedimientos judiciales, lo que hizo pensar que el cierre se había ordenado por motivos políticos.


Tortura y malos tratos

Se siguieron recibiendo informes de tortura y malos tratos. Las autoridades no permitieron al Comité Internacional de la Cruz Roja acceder libremente a todas las prisiones, en especial a las dependientes del Ministerio de Defensa donde estaban recluidos civiles. Esta prohibición se mantuvo a pesar de un decreto presidencial de 2002 que autorizaba al Comité dicho acceso. En octubre, al menos un miembro del Parlamento, Saleh Honein, pidió que se realizara una investigación parlamentaria sobre los motivos por los que se había negado al Comité el acceso a las prisiones militares.

  • Según informes, el 17 de enero las fuerzas de seguridad utilizaron porras y gases lacrimógenos en zonas cerradas contra 17 presos que se negaban a asistir a una vista judicial. Ihab al-Banna y Sa’id Minawi tuvieron que ser hospitalizados por graves lesiones. Más tarde, los 17 presos, todos ellos encarcelados en la prisión de Rumieh en febrero de 2000 a raíz de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la llanura de Dhinniyyah, fueron recluidos en régimen de aislamiento como castigo. No obstante, en julio el fiscal les permitió hacer ejercicio fuera de las celdas, dejarse crecer la barba y acceder a instalaciones donde podían practicar su religión.
  • Husayn Ahmad al-Qarahani, absuelto en diciembre de la acusación de participar en atentados con explosivos contra restaurantes estadounidenses y, anteriormente, de un atentado contra la cadena Al Mustaqbal TV, afirmó que él y otros detenidos habían sido torturados cuando permanecían recluidos en régimen de incomunicación en el centro de detención del Ministerio de Defensa en Al Yarze. En octubre contó al Tribunal Militar que les habían propinado palizas y sometido al “balanco” (método de tortura consistente en atar a la víctima las manos a la espalda y colgarla de las muñecas) con el fin, al parecer, de obligarlos a “confesar”. No se tuvo noticia de que se investigaran sus denuncias ni otros casos de tortura de los que se tuvo conocimiento en 2003.


Reacciones del gobierno

En septiembre, en respuesta a los informes de Amnistía Internacional sobre presuntos malos tratos a detenidos extranjeros, el gobierno afirmó que se los trataba bien y de acuerdo con las normas internacionales. Ese mismo mes, el gobierno criticó el informe de Amnistía Internacional sobre los detenidos de Dhinniyyah (véase infra) por considerar que estaba basado en “fuentes no fidedignas” y rechazó las denuncias de tortura y de ausencia de garantías jurídicas contenidas en él. A Amnistía Internacional le seguía preocupando que no se hubiera ordenado todavía ninguna investigación judicial independiente de las presuntas torturas y malos tratos infligidos a los detenidos tras los enfrentamientos de Dhinniyyah.

Pena de muerte

Al menos tres personas fueron condenadas a muerte. Continuó la suspensión de hecho de las ejecuciones iniciada en 1998, pero pareció verse amenazada en diciembre, cuando se informó de que el presidente podría firmar en breve la orden de ejecución de 27 o más personas condenadas por asesinato en años precedentes.

Homicidios de civiles

Algunos civiles fueron víctimas de posibles ataques indiscriminados o dirigidos directamente contra ellos.

  • ‘Ali Nadir Yassin, de cinco años, resultó muerto la noche del 6 de octubre cuando un misil, lanzado al parecer contra tropas israelíes, alcanzó la casa de su familia en la localidad meridional de Hula. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) señaló que se trataba de un misil Katyusha, modelo utilizado habitualmente por los grupos de resistencia libaneses. El grupo islamista Hezbolá (Partido de Dios), que lanzaba ataques ocasionales contra las fuerzas israelíes estacionadas en las Granjas de Sheba, territorio ocupado por Israel, negó toda relación con el homicidio.
  • El 9 de diciembre, el estudiante Mahmoud Hadi y el mecánico Khodr ‘Arabi resultaron muertos en su automóvil por disparos efectuados por tropas israelíes cerca de Ghajar, localidad situada a caballo entre el Líbano y los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel.


Refugiados

Refugiados palestinos

Los refugiados palestinos continuaron siendo objeto de discriminación sistemática, en forma de amplias limitaciones de la libertad de circulación y del derecho al trabajo y a la propiedad. En octubre, el presidente del Parlamento retiró un proyecto de ley por el que se levantaba a los palestinos la prohibición de tener propiedades.

Otros refugiados

Existía la preocupación de que en los convoyes organizados por las autoridades libanesas para la repatriación voluntaria de iraquíes hubiera refugiados y solicitantes de asilo que consideraran que, en caso de volver a su país, corrían un gran peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. En septiembre, el gobierno libanés y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) firmaron un memorando de entendimiento que se consideró un paso importante en la formalización de la participación del ACNUR en la protección de los refugiados y de los solicitantes de asilo en el Líbano. No obstante, se expresaron algunas preocupaciones sobre ciertos aspectos del documento, como la negación a los solicitantes de asilo del acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado después de un cierto plazo, una negación que podría privar de ese acceso a personas necesitadas de protección.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegados de Amnistía Internacional visitaron el Líbano en mayo y en junio. Participaron en un congreso regional sobre la violencia contra las mujeres, investigaron la situación de los refugiados palestinos y otras cuestiones de derechos humanos y se reunieron con autoridades del gobierno, organizaciones locales de derechos humanos y abogados. En octubre tuvieron lugar otras reuniones con autoridades del gobierno.