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República Libanesa

Jefe del Estado: Emile Lahoud Jefe del gobierno: Omar Karame Estatuto de la Corte Penal Internacional: no firmado

Se detuvo por razones políticas a decenas de personas afiliadas a grupos cristianos e islamistas de oposición. Al menos 12 personas más fueron detenidas por su presunta afiliación a Al Qaeda o a otros grupos calificados de «terroristas». Decenas de personas, entre las que había presos políticos y presuntos miembros del Ejército del Sur del Líbano, ya disuelto, fueron juzgadas ante el Tribunal Militar, acusadas de «colaboración» con -Israel; asimismo, decenas de personas detenidas por motivos políticos relacionados con grupos islamistas estuvieron recluidas sin juicio durante largos periodos. Hubo informes de torturas y malos tratos a personas detenidas por motivos políticos. Se cometió al menos un homicidio de motivación política. A lo largo del año aumentó la violencia contra la mujer en el seno de la comunidad. Se impusieron al menos 10 penas de muerte, pero no hubo ejecuciones. Se recibieron informes sobre -expulsión, detención y maltrato de refugiados y solicitantes de asilo, y los refugiados palestinos continuaron siendo objeto de discriminación.

Información general Las autoridades adoptaron nuevas medidas para combatir el «terrorismo», entre ellas el restablecimiento de la Ley Antiterrorismo de 1958. Debido a ello, se persiguió a grupos islamistas sunníes (no shii’as) que en algún momento se habían opuesto al gobierno y se restringió el derecho legítimo a la libertad de expresión y asociación.

En junio, el Líbano y la Unión Europea firmaron un acuerdo en materia política y económica que contenía una cláusula sobre derechos humanos.

En septiembre, el fiscal general dispuso que se dictaran órdenes de registro para hacer posible la vigilancia en el Líbano y en el extranjero de personas sospechosas de participar en actividades en contra del gobierno, como mantener «contactos» con Israel y realizar actos «perjudiciales» para las relaciones del Líbano con sus vecinos árabes. Esta medida tenía su origen en la oposición ejercida desde Estados Unidos contra la presencia siria en el Líbano y encabezada por el general exiliado Michel Aoun, ex comandante del ejército libanés y líder del grupo de oposición Movimiento Patriótico Libre. En medio de un creciente descontento por la presencia militar siria en el país, especialmente entre los grupos cristianos de oposición, el jefe de los servicios sirios de información militar en el Líbano fue trasladado a Siria y sustituido.

Detenciones Se detuvo a decenas de personas afiliadas a grupos cristianos e islamistas de oposición. Entre ellas había miembros de la organización ilegal Partido de las Fuerzas Libanesas y del Movimiento Patriótico Libre, así como presuntos miembros de grupos islamistas sunníes, como el Partido de la Liberación (Hizb al-Tahrir), y de Al Qaeda.

La mayoría de las detenciones de miembros del Partido de las Fuerzas Libanesas y del Movimiento Patriótico Libre guardaban relación con su participación en manifestaciones de oposición a la presencia militar siria en el Líbano y con la distribución de folletos políticos.

Al menos tres alumnos de la Universidad Libanesa, incluidos Bashir Matar y Charbel Ayoub, fueron detenidos en marzo por miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna. Quedaron en libertad sin cargos posteriormente. Habían acudido a una concentración política organizada por el Partido de las Fuerzas Libanesas, a la que asistían también miembros del Movimiento Patriótico Libre y el Partido Nacional Liberal.

También en marzo, durante la cumbre árabe de Beirut, se detuvo a tres hombres por distribuir, presuntamente, un folleto del Partido de la Liberación en el que se criticaba la propuesta saudí de paz en Oriente Medio. Los detenidos eran Wisam Husain al-Humsi, Muhammad Nayef al-Humsi y Khaled Nayef al-Humsi, detenidos en el oeste de Al Biqa'. También se buscaba a otras personas que, presuntamente, habían distribuido folletos en pueblos de la zona. Los tres detenidos fueron enviados al departamento antiterrorista de Beirut de las Fuerzas de Seguridad Interna para su interrogatorio.

En octubre, en vísperas de la cumbre de países francófonos en Beirut, al menos 10 estudiantes fueron detenidos en una manifestación contra la política gubernamental y la presencia militar siria en el Líbano. Entre ellos se encontraban Edward Cham'un, Cynthia Zaraziri y Richard Yunan, quienes, según informes, sufrieron lesiones al hacer las Fuerzas de Seguridad Interna uso excesivo de la fuerza para disolver una manifestación ante la entrada de la Universidad de San José de Beirut.

En septiembre y octubre, los servicios de información militar detuvieron a Khaled Minawi (véase infra), libanés de 18 años, a Muhammad Ramiz Sultan, de doble nacionalidad, libanesa y australiana, y a Ihab Husain Dafa', saudí. Los tres estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y fueron acusados posteriormente de delitos como establecer una «organización terrorista» y formar una «célula» de Al Qaeda. Según informes, fueron torturados y maltratados para obligarlos a «confesar».

Juicios Decenas de personas, entre las que había presos políticos y presuntos miembros del Ejército del Sur del Líbano, ya disuelto, fueron juzgadas ante el Tribunal Militar, acusadas de «colaboración» con Israel. Los juicios no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal, y hubo numerosos informes sobre confesiones obtenidas mediante coacción. Decenas de personas detenidas por motivos políticos relacionados con grupos islamistas estuvieron recluidas sin juicio durante largos periodos. En julio, el Tribunal Militar de Apelación impuso sendas penas de 15 meses de prisión a Tawfiq al-Hindi, dirigente del Partido de las Fuerzas Libanesas, y Habib Yunes, periodista, así como una pena de 30 meses al también periodista Antoine Basil. Los tres habían sido acusados de mantener «contactos» con Israel. La sentencia se dictó en un nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Casación tras rechazar las condenas de tres y cuatro años impuestas anteriormente por el Tribunal Militar. Sometidos a juicios aparentemente injustos, los tres condenados fueron considerados posibles presos de conciencia por Amnistía Internacional. Según informes, habían sido torturados o maltratados y en ambos juicios dijeron al tribunal que sus confesiones habían sido obtenidas mediante coacción. Tawfiq al-Hindi y Habib Yunes quedaron en libertad en noviembre por haber cumplido ya sus condenas.

Tortura Hubo informes de tortura y malos tratos infligidos a personas detenidas por motivos políticos en centros de reclusión de los servicios de Información Militar. Según informes, Fadi Taybah, activista sunní, fue torturado y maltratado en agosto en el centro de detención de Ba'abda de los servicios de información militar. Fue detenido en Trípoli el 12 de agosto, llevado a Ba'abda y, de acuerdo con los informes, torturado reiteradamente durante más de tres días, en el transcurso de los cuales no le dieron de comer ni de beber. Afirmaba que los agentes lo golpearon en los pies con cables durante su interrogatorio y que le dieron golpes en la cabeza, las manos y el estómago. Quedó en libertad el 20 de agosto.

En octubre, Khaled Minawi, de 18 años, fue, según informes, torturado y maltratado durante los cinco días que permaneció recluido en régimen de incomunicación en el centro de detención del Ministerio de Defensa. De acuerdo con los informes, lo sometieron al «balanco» (método de tortura consistente en atar a la víctima las manos a la espalda y colgarla de las muñecas) y lo golpearon brutalmente en el estómago y en la cara, además de tenerlo sin comer -durante los cinco días. Ya había sido torturado anteriormente, durante su detención en régimen de incomunicación en 2000, cuando tenía sólo 16 años.

Condiciones penitenciarias Las condiciones penitenciarias mejoraron en algunas zonas en 2002, aparentemente como resultado de la presión de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. La prisión de mujeres de Trípoli fue trasladada a un nuevo edificio, y en la prisión de mujeres de Ba'abda se sacó del recinto penitenciario la residencia de los guardias varones, que estaba dentro de él. Igualmente positivo fue el hecho de que, en octubre, las autoridades permitieran al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a las prisiones libanesas.

Homicidios políticos Durante 2002 hubo al menos un homicidio de motivación política.

En mayo, la policía descubrió el cadáver en descomposición de Ramzi 'Irani, ingeniero y activista del Partido de las Fuerzas Libanesas, en el barrio de Karkas de Beirut. Había «desaparecido» el 7 de mayo cuando se dirigía a recoger a su hijo al colegio, en el centro de la capital. El cadáver apareció en el maletero de su automóvil, y se llevó al depósito para que le practicaran la autopsia. Al concluir el año no parecía haberse iniciado ninguna investigación independiente sobre esta «desaparición» y homicidio.

Desapariciones Concluyó el trabajo de la comisión gubernamental de investigación sobre las «desapariciones» creada en febrero de 2001, pero no se dieron a conocer los resultados. Los grupos nacionales de derechos humanos y las familias de las víctimas intensificaron sus esfuerzos por descubrir lo que les había sucedido a los libaneses «desaparecidos» durante la guerra y a los que se sabe detenidos en Siria.

En julio, miembros del Comité de Familias de Libaneses Detenidos en Siria se reunieron en Damasco con el ministro sirio del Interior y le expresaron su preocupación por los detenidos. El ministro prometió examinar la cuestión en el plazo de dos meses, pero al terminar el año aún no había dado una respuesta.

Violencia contra la mujer A lo largo del año aumentó la violencia contra la mujer en el seno de la comunidad, incluidos los homicidios en el seno de la familia o en nombre del honor, las violaciones y las palizas. Los hombres continuaron cometiendo delitos en nombre del honor con casi total impunidad.

En julio, Ziyad Misbah Shahab mató a puñaladas a su esposa, Widad Muhammad al-Nabulsi, y a su hija, Nasrin, en el domicilio familiar de Beirut. Según informes, dijo a la policía que «sospechaba» de la «conducta» de ambas. De acuerdo con la legislación libanesa, un hombre que asesina a una mujer de su familia en un «arrebato de ira» por «sospechar» que mantiene relaciones con otro hombre sólo debe ser castigado con una condena poco severa.

Derechos del niño En enero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU examinó el informe periódico del Líbano sobre su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y expresó preocupación por el hecho de que se hubieran denunciado torturas y malos tratos a niños de tan sólo 15 años durante su detención en régimen de incomunicación. Recomendó que las autoridades tomaran medidas para impedir la detención de niños en régimen de incomunicación e investigaran los casos de tortura y malos tratos a niños de que se tenía noticia.

Libertad de expresión En 2002 aumentó el uso de medidas represivas contra los medios de comunicación, en especial los que criticaban la política del gobierno y la presencia militar siria.

En octubre, el Tribunal de Publicaciones confirmó una decisión anterior en la que se ordenaba la clausura de la cadena de televisión MTV por contravenir el artículo 68 de la Ley de Elecciones Parlamentarias, presuntamente por emitir propaganda electoral no autorizada. La decisión provocó una manifestación de grupos cristianos de oposición en el centro de Beirut, que las fuerzas de seguridad disolvieron por la fuerza. Al menos seis manifestantes, algunos de los cuales eran empleados de la cadena de televisión, sufrieron lesiones. La MTV era propiedad de Gabriel al-Murr, parlamentario de la oposición, y algunos grupos políticos se mostraron contrarios a su cierre, entre ellos la Agrupación Qurnat Shahwan de parlamentarios de oposición. El ministro del Interior prohibió las protestas públicas relacionadas con este asunto. En noviembre, en una vista injusta en la que no se reconocía el derecho de apelación, el Consejo Constitucional despojó a Gabriel al-Murr de su escaño en el Parlamento por no declarar, presuntamente, sus intereses económicos.

Pena de muerte A lo largo del año se impusieron al menos 10 condenas de muerte, pero no hubo ejecuciones. Continuó la suspensión de hecho de las ejecuciones iniciada en noviembre de 1998.

Refugiados Refugiados palestinos Millares de refugiados palestinos acogidos en campos del Líbano continuaron siendo objeto de discriminación sistemática. Estaban expuestos a ser detenidos arbitrariamente, su libertad de circulación estaba restringida y tenían prohibido el acceso a decenas de profesiones.

En septiembre, dos civiles palestinos resultaron muertos al asaltar el ejército libanés el superpoblado campo de refugiados de Al Jalil, en Ba'albek, teóricamente con el fin de recoger armas y documentos en una oficina abandonada de Fatah-Consejo Revolucionario.

Otros refugiados Continuaron cometiéndose violaciones de derechos humanos contra refugiados y solicitantes de asilo, incluidas detenciones arbitrarias y malos tratos. Decenas de solicitantes de asilo, entre los que había refugiados reconocidos de Irak, Sudán, Somalia y Túnez, permanecieron detenidos. Se recibieron informes según los cuales 300 iraquíes, entre los que había solicitantes de asilo y refugiados, fueron expulsados del Líbano a países donde no estaban protegidos frente a la devolución.

Yasser Akrach, refugiado sudanés reconocido como tal, fue recluido arbitrariamente una vez cumplida una condena de prisión impuesta por entrar al país ilegalmente. Según informes, en septiembre, al declararse en huelga de hambre durante dos días, fue golpeado y colgado de las muñecas como castigo.

Según informes, dos solicitantes de asilo iraquíes, Khaled Salem Azzaoui y 'Ali Alkout, murieron bajo custodia en la prisión de Rumieh en marzo, al parecer por falta de asistencia médica adecuada.

Informes y visitas de Amnistía Internacional Declaración* Amnistía Internacional reitera sus preocupaciones sobre la situación de refugiados y solicitantes de asilo (Índice AI: MDE 18/09/2004/s) Visitas Amnistía Internacional envió varias delegaciones al país para llevar a cabo trabajos de investigación, mantener conversaciones con autoridades del gobierno y con organizaciones no gubernamentales y realizar labores de formación en derechos humanos. No todos los acuerdos suscriptos fueron cumplidos por el gobierno Libanés.

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